La reciente consideración jurídica como accidente laboral del fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil, ha generado un intenso debate social, jurídico y preventivo. Y precisamente por ello considero importante hacer una reflexión clara, rigurosa y comprensible para cualquier persona, incluso aunque no tenga conocimientos en prevención de riesgos laborales o derecho.
No, no deberíamos limitarnos a utilizar la expresión “accidente de trabajo” cuando hablamos de hechos provocados por la violencia de las mafias del narcotráfico, ya que, aunque jurídicamente puedan calificarse así a efectos de protección social y reconocimiento de derechos conforme al artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, esa denominación resulta insuficiente para describir la verdadera naturaleza de lo ocurrido: actos de violencia criminal deliberada ejercidos contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Este Real Decreto considera accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute”. Es decir, la ley utiliza un concepto jurídico amplio. No habla solamente de caídas, golpes fortuitos o errores humanos. También incluye agresiones, atentados, actos violentos o cualquier daño sufrido durante el desempeño profesional.
Por tanto, desde el punto de vista legal y de protección social, la calificación como accidente laboral permite reconocer derechos fundamentales: prestaciones, indemnizaciones, pensiones, protección a las familias y cobertura derivada de contingencia profesional. Y eso es correcto y necesario, sin embargo, aquí es donde debemos hacer una diferenciación esencial; una cosa es la calificación jurídica dentro del sistema de Seguridad Social y otra muy distinta es el significado social, preventivo y moral de lo ocurrido.
Cuando unos agentes mueren como consecuencia de la actuación violenta de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, no estamos ante un “accidente” en el sentido coloquial de la palabra. No estamos ante un simple hecho casual o fortuito. No estamos hablando de una fatalidad imprevisible: Estamos hablando de violencia criminal organizada. Estamos hablando de mafias que actúan con medios cada vez más agresivos, con estructuras perfectamente organizadas y con una capacidad operativa que pone en riesgo no solo a los profesionales de la seguridad pública, sino al conjunto de la sociedad. Y esto es importante decirlo claramente porque el lenguaje importa.
En prevención de riesgos laborales existe un principio fundamental: identificar correctamente el origen del riesgo para poder actuar eficazmente sobre él. La propia Organización Internacional del Trabajo, así como la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y el reglamento que la desarrolla, establecen la obligación de proteger a las personas trabajadoras frente a todos los riesgos relacionados con el trabajo, incluidos los derivados de la violencia externa.
Esto significa que la violencia ejercida por terceros también forma parte de los riesgos laborales que deben evaluarse, prevenirse y controlarse. Y precisamente por eso no deberíamos banalizar determinados hechos bajo la idea de “accidente” entendida únicamente como infortunio inevitable. Porque cuando una organización criminal embiste, agrede o ataca deliberadamente a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, existe intencionalidad. Existe violencia consciente. Existe una amenaza estructural.
Desde la óptica preventiva, esto obliga a analizar aspectos como la evaluación real del nivel de riesgo en determinadas zonas y operativos, los medios materiales disponibles, los recursos humanos suficientes, los protocolos de actuación, la coordinación operativa…También son importantes las medidas de protección colectiva e individual, la formación específica, la inteligencia preventiva frente al crimen organizado, y, sobre todo, el apoyo institucional y político a quienes trabajan en primera línea.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se basa en un principio esencial recogido en su artículo 15: evitar los riesgos y combatirlos en su origen. Y cuando el origen del riesgo es una estructura criminal organizada, la respuesta no puede limitarse a asumir que “ha ocurrido un accidente”. Porque entonces corremos el riesgo de normalizar situaciones que jamás deberían normalizarse. En España, en estos últimos 30 años, hemos avanzado mucho en cultura preventiva en sectores industriales, construcción, logística o sanidad. Hemos entendido que detrás de muchos accidentes existían fallos organizativos, falta de medios, ausencia de evaluación o deficiencias preventivas. Pues bien, en determinados contextos vinculados a la seguridad pública también debemos tener el valor de analizar los riesgos con la misma seriedad, no para buscar culpables simplistas, no para utilizar políticamente el dolor, no para enfrentar instituciones… sino para proteger vidas.
Porque la prevención de riesgos laborales no consiste únicamente en entregar un casco, un chaleco o redactar documentos. La prevención significa anticiparse al peligro real. Significa reconocer cuándo un trabajador —o en este caso un servidor público— está expuesto a amenazas extraordinarias que requieren medidas extraordinarias. Y aquí conviene recordar algo esencial: los miembros de la Guardia Civil, Policía, Fuerzas Armadas, servicios de emergencias y muchos otros profesionales asumen riesgos inherentes a su profesión, sí. Pero asumir riesgos no significa aceptar la desprotección. Ningún profesional debería sentirse abandonado frente a estructuras criminales cada vez más violentas. Por eso, más allá de la calificación jurídica necesaria como accidente laboral, es importante trasladar un mensaje firme: las mafias del narcotráfico no provocan “accidentes”; provocan violencia, agresiones y muertes derivadas de actividades criminales organizadas. Y una sociedad madura no puede acostumbrarse a ello.
Desde el Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo queremos mostrar nuestro reconocimiento, respeto y apoyo a los familiares y amigos del Capitán de la Guardia Civil Jerónimo Jiménez Molero y del agente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Germán Pérez González, y todos los profesionales de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desempeñan su labor en condiciones de enorme complejidad para proteger la seguridad de todos. Porque hay profesiones en las que el compromiso con el deber llega incluso hasta el sacrificio de la propia vida al servicio de todos. Nunca como ahora quedó tan claro el verdadero significado del lema de la Guardia Civil: “El honor es mi divisa”.
Antonio Pérez Chacón
Técnico Superior en PRL
Presidente de la Asociación Andaluza de Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales
Vicepresidente del CGRICT